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3. Cadena de custodia: La defensa puede cuestionar la cadena de custodia de las pruebas presentadas por la fiscalía. Esto implica desafiar si las pruebas fueron debidamente almacenadas, etiquetadas y procesadas, lo que podría poner en duda su autenticidad o integridad.
Estos abogados son especialistas en áreas del derecho relevantes para la comunidad internacional y deben estar familiarizados con los sistemas jurídicos y las regulaciones de los países cuyos idiomas hablan.
four. Pregunta sobre las opciones y defensas legales: Durante las consultas con los abogados, asegúcharge de preguntarles sobre las posibles opciones de defensa y las estrategias legales que podrían aplicarse a tu caso. Un buen abogado te proporcionará información clara y te ayudará a entender tus derechos legales.
La droga en Hamburgo se hallaba oculta en un contenedor procedente de Paraguay, mientras la interceptada en Amberes había zarpado de Panamá.
En momentos en que se escribían están líneas, en Colombia se reportaba este two de marzo la incautación de 800 kilos de clorhidrato de cocaína al Clan del Golfo. Esta es la mayor organización legal surgida de los paramilitares disidentes del proceso de paz bajo Álvaro Uribe en 2006, así como de las alianzas con antiguos guerrilleros maoístas y el Cartel mexicano de Sinaloa.
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En situaciones de detención en un país extranjero, es fundamental contar con el apoyo de un abogado especializado que conozca las leyes y los procedimientos legales locales.
El tráfico y la producción de drogas en Grecia se consideran delitos graves y pueden ser castigados con largas penas de prisión y multas.
Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Esta Ley tiene por objeto frequent, en el ámbito de competencias del Estado, las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda y, en certain, el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y navigate here al disfrute de la misma en condiciones asequibles, atendiendo al cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos internacionales ratificados por España y respetando en todo caso las competencias de las Comunidades Autónomas y, específicamente, las que tienen atribuidas en materia de vivienda.
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